El presidente de la CEOE tiene los días contados al frente de la patronal, en cuyo despacho no tomará las uvas este año. Se ha precipitado en este último mes el que será el movimiento definitivo, la conspiración, aunque a sus promotores no les guste denominarla así, que tiene como objetivo provocar su salida.

Dentro y fuera califican la situación de la patronal cómo agónica y la resistencia de su presidente como absurda e infantil. “Hemos emprendido un camino que no tiene retorno, en ningún caso, y lo hemos emprendido las sectoriales y no de las territoriales”, explican las fuentes consultadas, conscientes de que el peso que tienen estas patronales en la organización empresarial va a jugar un papel fundamental.

Desde que se iniciara el mes de septiembre se viene produciendo una serie de reuniones cada vez más habituales –la última tuvo lugar la semana pasada– entre los máximos responsables de estos sectores para decidir la manera de forzar el relevo. Estos encuentros están encabezados por Jesús Banegas, responsable de Aetic, patronal de las empresas de Tecnología de la Información, que aglutina en estos momentos todos los apoyos y que se considera el candidato oficioso para pilotar esta estrategia.

Una estrategia que pasa por conseguir que alguno de los adeptos al actual presidente de la CEOE, doce de los vicepresidentes que componen el actual Comité Ejecutivo frente a los once que se podrían denominar independientes, se pasen al bando contrario. Algo que dan por supuesto los que están al frente de esta iniciativa con la intención de promover una votación secreta en la que se decida, finalmente, la salida de Díaz Ferrán. Banegas y sus seguidores pedirán la dimisión del actual presidente si, como se prevé, consiguen que se acepte una votación secreta, lo que parece muy probable.  En este caso, el cese está asegurado ya que parte de su guardia pretoriana votaría a favor de la salida. Antes de llegar a esto, se supone que Díaz Ferran dimitiría motu proprio para no verse echado con cajas destempladas.

En la teoría conspiratoria, una vez fuera el presidente, se nombraría un presidente de edad como interino, elegido entre los vicepresidentes, cuyo cargo previsiblemente recaería en alguno de los vicepresidentes de más edad como Carlos Pérez de Bricio o José María Aguirre Gonzalo. Posteriormente se abriría el plazo para la convocatoria de elecciones a las que tiene previsto presentarse Jesús Banegas, sobre el que recaen muchas expectativas y que se perfila como el candidato de mayor consenso; previsiblemente también Joan Rosell, presidente del Fomento del Trabajo, o el histórico Santiago Herrero, al frente de la Confederación Andaluza de Empresarios, grupo al que se puede unir el recién elegido responsable de Cepyme, Jesús María Terciado, que poco tiene que decir en estos momentos.

En el caso de Herrero, postulante de sobra conocido, ahora se mantiene a la espera para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. “Eso sí”, advierten las fuentes consultadas, “lo que no va a permitir es quedarse fuera, si es que finalmente esta iniciativa tuviera éxito, habiendo ya dos vicepresidentes catalanes”.

Se refiere, claro está, a Joan Rosell, responsable de Foment del Traball, y a Joan Gaspart, recientemente nombrado como sustituto de Gonzalo Pascual al frente del Consejo de Turismo. Rosell, inmerso en pleno proceso de elecciones en la patronal catalana, dejaba una cosa clara al presentar su candidatura, que mantenerse como presidente de esta patronal era indispensable para optar a algo más que a la vicepresidente de la CEOE. Y es que, a juicio de los más cercanos, nunca ha renunciado a convertirse en alternativa.

Confemetal, pionera

Las organizaciones sectoriales han mostrado en reiteradas ocasiones su hartazgo ante la crisis de liderazgo en la patronal. Fue Confemental, Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, la primera en alzar la voz. Sobre ella se especula si forma parte o no de esta iniciativa que promueve Jesús Banegas. Recuerdan fuentes de esta asociación cómo el pasado 25 de mayo su presidente Carlos Pérez de Bricio junto al vicepresidente Javier Ferrer, por decisión u acuerdo de la junta directiva, acudieron a entrevistarse con Díaz Ferrán para pedirle que abandonara el cargo. No en vano es la que más peso tiene dentro de las sectoriales, ya que agrupa a más de 80 organizaciones que representan a 130.000 empresas y 1.200.000 trabajadores. “El metal considera que debe marcharse y no es por su gestión al frente de CEOE, sino porque tiene que afrontar los procesos judiciales en los que están envueltos sus empresas, y tiene que hacerlo sin que se vea afectada la patronal”.

Alzaba la voz también la semana pasada Exceltur, el lobby de empresas turísticas al que pertenecen la mayoría de las grandes del sector, miembros también, a su vez,  de la CEOE. La junta directiva aprobaba por unanimidad un duro comunicado para mostrar su “desacuerdo con la continuidad de Gerardo Díaz Ferrán como presidente de la institución que representa a todos los empresarios y organizaciones empresariales españoles” y pedir “su inmediata renuncia”. Los motivos, explica el comunicado, se refieren a “los daños causados a la imagen del turismo español por la cogestión de Díaz Ferrán al frente del grupo Marsans”, por “los procedimientos seguidos para presuntamente rehuir las responsabilidades y compromisos adquiridos por su grupo”. Perjucios, también, los ocasionados a los “miles de trabajadores, clientes, pymes y empresas turísticas proveedoras”, todo ello rubricado por “las causas judiciales en curso” en contra del presidente de la CEOE.

Ana Sánchez Arjona

Díaz Ferrán, enredo judicial

Dicen los que conocen a Gerardo Díaz Ferrán que su religión es resistir. Sólo así se podría explicar que se mantenga enrocado en la presidencia de la patronal. Comenzó a trabajar a los 12 años como cobrador de billetes en los autobuses de la empresa familiar. El 6 de junio de 2007, sucedía en el cargo el que era por aquel entonces presidente de la CEOE, José María Cuevas. Tres años después ha pasado a encarnar el perfil del empresario hundido en todo un abanico de frentes judiciales en su contra, que ha provocado la caída de buena parte de su imperio empresarial, lo que ha agudizado su creciente descrédito.

Banegas saca pecho

Jesús Banegas, presidente de Aetic, es el tapado que aspira a sustituir a Gerardo Díaz Ferrán al frente de la CEOE. Su trayectoria profesional ha estado ligada desde siempre a las tecnologías de la información. En estos momentos está poniendo en marcha su empresa número treinta bajo el paraguas de la innovación, la tecnología y la internacionalización. Dos tercios de las compañías que ha montado son por cuenta ajena y diez son propias. Banegas es un experto directivo en los ámbitos de innovación, así como en las alianzas corporativas y un valedor absoluto del talento, según explicaba en una reciente entrevista a este semanario, al servicio del desarrollo profesional. Está convencido de que el sector de las TIC es uno de los motores de la economía española y uno de los que puede impulsar a los demás a salir de la crisis. En la actualidad, es fundador y presidente de IP Sistemas (Ingeniería avanzada TIC) y Fonytel (tecnologías multimedia y desarrollos CTI), y es consejero del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior.

En el punto de mira del próximo trimestre

* Politicas activas de empleo. La reforma del sistema público de empleo se  abordará este mes de septiembre en Consejo de Ministros. Supondrá, entre otras cosas, una una reordenación de los textos para evitar inseguridades jurídicas.

*Reforma de la negociacion colectiva. Una reforma que depende de la interlocución entre empresarios y sindicatos, que está en punto muerto y que Trabajo quiere impulsar en los próximos tres meses. Los expertos no descartan la posibilidad de que el Gobierno legisle, tal y como se ha hecho con la reforma laboral.

*Sistema de pensiones. Pendientes del dictamen que debe emitir la Comisión del Pacto de Toledo que se hará público la segunda quincena de septiembre o la primera de octubre. La reforma contempla ampliar de 65 a 67 años la edad de jubilación y el periodo de cálculo de 15 a 20 años. El Gobierno quiere que esté lista en enero del año que viene.