CRÓNICA ECONÓMICA
 
Nº 1381 - 27 de septiembre de 2010

La nueva ley saca las vergüenzas de las cajas

La nueva Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) ha conseguido sacar de debajo de la alfombra mucha la suciedad acumulada durante años en este tipo de entidades. Y la que queda por salir. De momento, ya hemos conocido casos flagrantes como el de Santos Llamas, que durante los años que ha presidido Caja España, ha recibido créditos millonarios, presuntamente, para sus actividades de promoción inmobiliaria, según reconoce la propia caja en sus memorias a la CNMV.  Parece de cajón que nadie que deba dinero a una caja de ahorros pueda presidirla, o formar parte de sus órganos de gobierno. Pero hasta ahora, esa era la cruda realidad.

Mientras el mundo empresarial se queja de falta de liquidez y de crédito, de que el grifo financiero está absolutamente cerrado, muchos empresarios están logrando salvar los muebles sin tener que acudir a procesos concursales. La clave se halla en las refinanciaciones. En el caso de Llamas, se le ha permitido refinanciar la práctica totalidad de la deuda con la Caja que presidía. Siempre quedará la sospecha de qué hubiera pasado con sus empresas si no hubiese ocupado el máximo cargo en la entidad. En tanto, a su alrededor se desploman sociedades de tamaño pequeño y mediano que no tienen la suerte de tener un asiento en el consejo de administración o en la asamblea general de una caja de ahorros.

Un trato de favor con el que también contó el quebrado aeropuerto de Ciudad Real. La Caja Castilla-La Mancha dio barra libre de liquidez a esta infraestructura deficitaria y acabó siendo intervenida por el Banco de España. En este caso, la justicia ha decidido no quedarse de brazos cruzados. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción anda detrás de los ex gestores de la caja manchega, a los que ha abierto diligencias para determinar sus responsabilidades en la quiebra de la entidad. En muchas de esas operaciones supuestamente hay indicios de delitos de fraude y administración desleal, por lo que Anticorrupción ha decidido investigar a fondo y llamar a declarar a los principales gestores de la caja. El primero será Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de CCM, como máximo responsable, pero también pasarán por el juzgado los principales directivos y el consejo de administración. Algo similar podría decirse de los dineros invertidos en Terra Mítica por parte de una entidad valenciana, o de unos préstamos otorgados al Valencia Club de Fútbol de muy difícil cobro.

Todo eso, sin embargo, no es nada en comparación con el impago de 26,5 millones por el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, a Caja Madrid, entidad de la que era consejero cuando el espléndido crédito. El detonante de la ejecución del mismo fue cuando la caja descubrió que unas acciones de Marsans que el empresario había puesto como garantía del préstamo ya habían sido pignoradas a favor de otra entidad financiera. Suena a chiste, pero es tan real como la vida misma. Y no creo que les hiciera mucha gracia a los miles de emprendedores españoles que se encuentran con la ventanilla del crédito cerrado, echando por tierra sus ilusiones de futuro con la ayuda de su pequeño negocio.

No es de recibo cuando las cajas han sido las primeras en congelar el crédito tanto a empresas como a familias, pero siguen con el grifo abierto de la financiación a su cúpula directiva y administrativa. Basta conocer un dato: tanto los gestores como los consejeros han recibido en los seis primeros meses del año poco más de 210 millones de euros, un 7,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Ahora la nueva Ley de Cajas se ha propuesto acabar con este fenómeno, que no es más que un caciquismo disfrazado en el siglo XXI. A partir de ahora, todo aquel que tenga un crédito con una caja de ahorros española no podrá formar parte de sus órganos de gobierno. Ya tocaba. Porque las cajas, que siempre han estado politizadas hasta las cachas, han manejado alegremente un dinero que no era de sus directivos, sino de sus impositores. Es una pena que unas entidades, que en teoría se crearon para dar cobertura financiera a todas las capas de sociedad, hayan sido desprestigiadas y descapitalizadas por un grupo de políticos y empresarios que las han utilizado en su propio provecho, sin pensar en el bien común. Un grupo de malos gestores que les han dado mala fama, al mostrar una espléndida largueza con sus consejeros y demás directivos, incluso hasta llevar a las entidades a la bancarrota, como ocurrió con Caja Sur. Un grupo falto de profesionalidad, algo que también se ha propuesto subsanar la nueva Ley de Cajas. Así, la norma dice textualmente que al menos la mitad de los miembros del Consejo de Administración deberán reunir "especial cualificación". Eso dice mucho acerca de por quién están gobernadas las entidades a día de hoy. Asimismo, relega a todos los cargos electos que ocupan sillón en asambleas, consejos de administración o comisiones de control de los órganos de decisión de este tipo de entidades financieras. Bienvenida sea una Ley que persigue limpiar, por fin, las cajas de ahorros.

E. G.

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