FINANZAS  
Nº 1380 -20 de septiembre de 2010

 

Más de 2.000 cargos públicos cobran de las cajas

La nueva Lorca les cierra la puerta, pero cuela por la gatera a políticos retirados y miembros de listas electorales


La nueva Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros hará incompatible el ejercicio del cargo de miembro del órgano de gobierno de una caja con el de todo cargo político-electo y con el de alto cargo de las administraciones públicas. En tres años, los más de 2.000 alcaldes, concejales y diputados tendrán que decir adiós a dietas que en algunos casos suponen un buen sobresueldo. Dejarán su sillón a otros representantes, eso sí, elegidos igualmente por políticos, y es ahí donde reside el agujero negro de la nueva Ley.

Más de 2.000 cargos políticos ocupan un sillón en asambleas, consejos de administración o comisiones de control de las cajas de ahorros, según datos de la CNMV. Y no lo hacen por amor al arte. Cobran por ello dietas que rondan en algunos casos los 20.000 euros anuales, simplemente por el hecho de asistir a la asamblea general, generalmente un par de veces al año. Pero este chollo tiene los días contados. Según la nueva Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), todos tendrán que levantarse de la silla y cederla a nuevos miembros, más profesionalizados y en teoría, más despolitizados.

Hasta ahora, la Ley establecía tácitamente que los más afines al aparato de las dos formaciones mayoritarias, PP y PSOE, entraban en las cajas, para de ese modo completar su sueldo de manera que resultara rentable ser concejal o procurador en las Cortes. Se trataba de un sistema de reparto de prebendas entre los partidos políticos, que puede tener los días contados. Así, la nueva Ley dice textualmente que será incompatible "el ejercicio del cargo de miembro del órgano de gobierno de una caja con el de todo cargo político-electo y con el de alto cargo de las administraciones públicas". Por otra parte, exige que al menos la mitad de los miembros del Consejo de Administración deberán reunir "especial cualificación" y reduce del 50% al 40% la representación política máxima en los órganos de gobierno.Todo ello en los próximos tres años.

Agencia de colocación

Pero cuidado, que en este punto la nueva Ley de Cajas puede tener una gatera por la que se cuelen miembros de listas electorales, porque hay que recordar que la norma habla de cargos "electos", pero mantiene la "representación política". Sí nadie lo remedia, lo que va a ocurrir es que los partidos políticos tienen ahora una lista más en la que colar a los más afines porque la nueva Ley nada dice de militancias o simpatías ideológicas. Es decir, hasta ahora estaban el Ayuntamiento, las Cortes, la Diputación, el Senado y el Congreso. Pues a partir de ahora se suma la lista de las Cajas.

Se trata de un premio de consolación para los barones regionales y municipales, que se resisten a abandonar su reino de taifas. Éstos en algunas ocasiones utilizaban las entidades para sus propios objetivos políticos y electoralistas, sin pensar en la rentabilidad económica de los proyectos que financiaban.

Los efectos de esta politización permanecían ocultos cuando todo eran días de champán y rosas, pero ahora la resaca de la crisis ha dejado al descubierto los números rojos. Así, un estudio promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) llega a cifrar en 12.000 millones el exceso de morosidad que sufren las cajas por el origen político de sus gestores y su falta de conocimientos y experiencia. 

En este sentido, la reforma de la LORCA da un paso más que favorece la credibilidad del sistema cajero español y en especial ahora que las entidades, ávidas de fondos del mercado, necesitan transmitir un mensaje de seriedad y rigor económico.

Cada caja, un mundo

Algunas cajas han visto las orejas al lobo, y están aprovechando las fusiones para engordar sus asambleas generales. Sin ir más lejos, la Comisión de Control de Caja Duero aprobó en verano la incorporación de 40 nuevos representantes, según la entidad, para equilibrar el peso de la asamblea de Caja España. De las nuevas personas que se incorporan al órgano de gobierno de la entidad salmantina, 19 son cargos públicos: 13 han sido designados por las corporaciones municipales y otros seis por las Cortes de Castilla y León, que sumados a los 56 cargos que ya cobraban de la caja, hacen un total de 75 miembros.

Esta cifra representa un 46% del total de la asamblea, un porcentaje en el que también se mueven entidades como Cajamurcia (50%), Caja Madrid (45%), Caja de Ahorros del Mediterráneo (48%) o Ibercaja (44%). Todas estas entidades, más alguna otra, sobrepasan ese 40% fijado por la nueva norma que aprobó el Gobierno central en julio.

Otra entidad que ha engordado sus órganos de gobierno es el de Unicaja. Fuentes de la entidad señalan que "a raíz de la fusión de Unicaja con Caja de Jaén, el número de miembros de los órganos de gobierno es algo mayor en un período transitorio de tres años, proporcionalmente de corporaciones municipales, Parlamento de Andalucía, entidades  fundadoras, empleados, impositores y otras organizaciones".No obstante, a favor de la caja malagueña hay que decir que el porcentaje de representantes políticos en su asamblea general es del 35%, y que las dietas por asistencia a los órganos de gobierno están congeladas desde hace varios años.

Pero  no todas las cajas son iguales, ya que no todas las comunidades autónomas permiten la entrada de políticos en los consejos de administración, ni su porcentaje es igual en todas las asambleas. Así, en Cataluña, está limitado al 25%. De esta forma, La Caixa cuenta con 34 representantes políticos en su asamblea, lo que significa un 21%. Este porcentaje es del 20% en Unimm, la nueva caja nacida de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu, que tiene a 31 de estos cargos como consejeros generales, es decir, como miembros de su asamblea general.

El fenómeno opuesto es el que se produce en Madrid, Murcia y en la Comunidad Valenciana. La entidad que preside Rodrigo Rato es la que más cargos políticos tiene en su asamblea. En total, 140, de los que 100 consejeros son nombrados por corporaciones municipales (31%) y los otros 40 (12,5%) por la Asamblea de Madrid.

No obstante, como un gesto de solidaridad y por primera vez en la historia, la caja acaba de aprobar por unanimidad rebajarse en un 5% las dietas por asistencia que perciben los miembros de la Asamblea General, la Comisión de Control y el Consejo de Administración y sus comisiones delegadas. Así, la cuantía de las dietas pasa de los actuales 1.350 a 1.282 euros brutos por sesión. Si descontamos la retención aplicable del 35%, la nueva dieta queda en 833,3 euros netos, frente a los 877 vigentes hasta ahora, según datos facilitados por la entidad madrileña.

En el caso murciano, de los 140 miembros de la asamblea general de Cajamurcia, la mitad son designados por los partidos políticos, 35 a propuesta de las cortes regionales y otros 35 de los ayuntamientos. Y en lo que respecta  a la CAM y Bancaja, el porcentaje de participación política en sus órganos de gobierno se sitúa en el 48% y 50%, respectivamente.

Esmeralda Gayán

Un seguro de vida para alcaldes, concejales y diputados

En teoría, los miembros de la asamblea general de una caja de ahorros representan a su ciudad o región,  “independientemente de su cargo-trabajo o adscripción ideológica”, según señalan en una entidad de ahorro.  Pero el caso es que al buscar en los informes de Gobierno Corporativo de las entidades, uno encuentra muchos ex altos cargos políticos. Así, por ejemplo, la ex presidenta de Murcia por el PSOE, Maria Antonia Martínez, y el ex concejal de la ciudad por el PP, Antonio Sánchez Carrillo, ocupan un lugar en el Consejo de Administración de Cajamurcia.

No obstante, este caso no es una excepción. Además, es loable al menos la transparencia informativa con la que cuentan algunas entidades, ya que hasta ahora, antes de la reforma de la LORCA, los miembros de los consejos y asambleas de las cajas podían emitir información de forma pública o privada, en función de la voluntad o situación de cada uno de ellos.

Por ello no es de extrañar que a las fuerzas políticas no les asusta demasiado la nueva Ley, porque siempre podrán repartir "caramelos" al alcalde de aquí o al diputado de allá, una vez que decida dejar su cargo. Sólo hay una salvedad, y es que tendrán que pasar dos años para que eso pueda suceder. Aun así, se trata de un buen complemento para la jubilación de cualquier político.

 

Una perita en dulce que mueve 1,2 billones de euros

El interés de los políticos por las cajas de ahorro no es baladí. Antes de la última reestructuración del sector, las 45 cajas movían unos 1,2 billones de euros, tenían 56 millones de cuentas corrientes abiertas y controlaban el 65% de las operaciones bancarias que se realizan en España.

Además, contaban con 25.033 oficinas, 10.000 más que los 155 bancos que hay en nuestro país, según datos de la propia Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Pero además, las entidades de ahorro ejercen muchas veces de una agencia de colocación para que los amigos políticos se saquen un sobresueldo.

Así las cosas, no es de extrañar que de las diez principales cajas españolas, ocho estén presididas por nombres de claro color político, que muchas veces -afortunadamente, no siempre- las utilizan para contentar a empresarios de su región y conseguir el máximo número de votos para unas próximas elecciones.

Esmeralda Gayán

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