La deportación de gitanos, práctica habitual

El gobieno de Sarkorzy ha suscitado la polémica en las últimas semanas con su plan de terminar, antes de fin año, con todos los campamentos de romaníes establecidos en territorio galo. Francia ya ha fletado una treintena de vuelos, con los que ha llevado de vuelta a Rumanía a más de 850 gitanos.

Sin embargo, esta práctica de deportaciones no es nueva. A lo largo de 2009, el Gobierno galo operó 44 vuelos de este tipo, repatriando hasta 10.000 romaníes. Y otros Estados miembros, como Italia, tienen experiencia en el asunto, ya que en 2008, las autoridades ‘acosaron’ a este colectivo.

El Vaticano se ha pronunciado al respecto oponiéndose al plan de Sarkozy. La Santa Sede ha criticado que la decisión gala va en contra de la legislación europea y también de la ley francesa.

El quid de la cuestión reside en que los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria tienen derecho a circular libremente por otros Estados miembros, como Francia, durante un máximo de tres meses. Esta medida suele ser aplicada para nuevos Estados miembros, como es el caso de Rumanía y Bulgaria, que se adhirieron al club comunitario en 2007. A partir de 2012, ya podrán residir más de tres meses en el país galo si cuentan con un contrato de trabajo.

Y ahí se ampara el Gobierno de Francia. Cubierto de críticas por su actitud xenófoba, Brice Hortefeux, ministro de Interior francés, se ha defendido explicando que la medida de evacuar a los romaníes es el resultado del cumplimiento de la ley. “Cuando un ciudadano europeo no tiene medios de subsistir en Francia, no tiene derecho a quedarse más de tres meses".

Por su parte, Eric Besson, ministro francés de Inmigración, y Pierre Lellouche, secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, se reunieron la semana pasada en Bruselas con la Comisión Europea para defender la deportación de gitanos llevada a cabo por su Gobierno.

Para Besson, "la libertad de circulación no es incondicional”. Además, el representante galo se ha quejado de que la imagen de Francia se haya visto deteriorada debido a la confusión del tema y ha reiterado que el Gobierno de Sarkozy está respetando el derecho comunitario.

El ministro Besson también ha subrayado que la evacuación de los campamentos ilícitos se acoge al cumplimiento de la ley y que la acción de su Gobierno no va contra ningún grupo étnico concreto. Incluso ha ido más allá al asegurar que "la libertad de circulación va acompañada de derechos, pero también de deberes". En concreto, se ha referido a la obligación de 'no ser una carga para el Gobierno' ni 'distorsionar el orden público'.

Sin embargo, la Comisión alberga sus dudas respecto a la legalidad del plan puesto en marcha por Sarkozy. Matthew Newman, portavoz de Justicia de la Comisión Europea, ha reconocido que los Estados miembros tienen la posibilidad de restringir la libertad de circulación siguiendo ciertas condiciones. Sin embargo, ha señalado que el Ejecutivo comunitario está analizando el caso con lupa para verificar que todas las reglas han sido respetadas.

En concreto, un equipo técnico de la Comisión Europea está evaluando la situación.

Ambos políticos galos entregaron en Bruselas dossieres con los argumentos jurídicos pertinentes para defender su plan de terminar con los campamentos de gitanos antes de fin de año.

Además, pidieron a la Comisión Europea que se movilice para conseguir una integración efectiva del colectivo gitano.

Lellouche instó al Ejecutivo comunitario a que elabore un plan de urgencia para la población romaní, que abarque cuestiones relativas a la formación y la sanidad. Según el secretario de Estado galo, debería ponerse en marcha región por región y en función de las edades, con el objetivo de favorecer la integración de los gitanos en los Estados miembros.

El Gobierno de Traian Basescu se ha mostrado de acuerdo con elaborar un plan: Lo ocurrido “es una prueba de que debemos tener un programa de integración europea de los ciudadanos romaníes teniendo en cuenta que no debe confundirse la asimilación con la integración, ha subrayado.

Francia ha organizado una reunión de ministros de Interior en París para abordar esta cuestión. A la cita, están invitados los representantes del Reino Unido, España, Italia, Alemania, Grecia y Bélgica, país que ostenta este semestre la Presidencia de turno de la UE. A su vez, han recibido la invitación Canadá y Estados Unidos.

A este encuentro también le han llovido críticas por no estar invitada en un principio la Comisión Europea ni el conjunto de los Estados miembros. Francia argumentó que tan sólo ha invitado a aquellos que se ven más perjudicados por el problema, y finalmente ha pedido a la comisaria Malmstrom que vaya en nombre del Ejecutivo comunitario.

La cuestión romaní es un tema candente en la mesa. La Red Europea contra el Racismo (ENAR, en sus siglas en inglés) ha urgido a los Estados miembros a que desarrollen una estrategia comprensiva con la población romaní, basada en la no discriminación, el acceso igualitario a la educación, el empleo, el sistema sanitario y la vivienda.

Guy Verhofstadt, presidente de los Liberales en el Parlamento Europeo, ha pedido a los eurodiputados que debatan la situación de los romaníes en Europa en su primera sesión plenaria después del verano.

Verhofstadt ha lamentado las medidas aplicadas por Francia: "Se trata de tristes acontecimientos que ponen en ridículo los valores de la UE y que estigmatizan de manera escandalosa a la comunidad romaní".

Beatriz Manrique