CC OO y UGT creen que el proceso de tramitación del proyecto de ley de la reforma laboral "da más razones para la huelga general" del 29 de septiembre, por lo que instan a los grupos parlamentarios a que reconduzcan, "en última instancia", explican fuentes sindicales, la situación y que se vuelva "a los cauces del diálogo social y la negociación colectiva".

Se trata, por supuesto, de un canto al sol ya que no se esperan sorpresas con la reforma que se aprobará el próximo día 9 tras la última votación del Congreso, lo que la convierte en el origen de la huelga que ultiman ambas organizaciones.

El Gobierno sabe que este será el punto de inflexión y se prepara ya para afrontar un otoño tempestuoso convencido de que los recortes presupuestarios, la huelga y las reformas, incluida la de las pensiones, marcarán la agenda política en los próximos meses. Ante la convocatoria, se ha limitado a expresar su respeto y cruza los dedos para que no signifique la ruptura definitiva del diálogo social, ya que quiere plantear a los empresarios y los sindicatos cambios en las políticas de empleo. El líder del Ejecutivo aseguró desde Japón que está dispuesto a seguir dialogando con ellos "24 horas después" de la huelga general. Será difícil partir de cero, es decir, "como si nada hubiera pasado", señalan desde los sindicatos.

La huelga no es el desafío más importante para Zapatero en estos próximos meses, pero sí es el más cercano. El Ejecutivo no espera una movilización como la de diciembre de 1988, por lo que supone  que sus coletazos se dejará sentir poco en el tiempo. Pero "hay tener en cuenta", aseguran desde el grupo socialista en el Congreso, "cómo traslada a los ciudadanos y a los agentes sociales su discurso en políticas de ajuste y de recortes y, sobre todo, en política fiscal".

Ministros como José Blanco, se muestran a favor de elevar impuestos para sostener, en la medida de lo posible, el Estado del bienestar, y otros como la propia Elena Salgado, son reticentes a mayores presiones en un momento de incertidumbre económica. Zapatero deberá plantear finalmente si el gravamen para los más ricos, sobre el que tanto se ha especulado, se limitará a un mero retoque en el IRPF para los contribuyentes con rentas más elevadas -la propuesta del Ministerio de Economía- o se realizarán cambios más ambiciosos.

La promesa que hizo Zapatero intentaba combatir las importantes críticas a los recortes económicos anunciados el pasado mes de mayo com o la rebaja de salarios públicos, congelación de pensiones, recortes en inversión y en dependencia, entre otros, y se traducirá finalmente en el Presupuesto del año 2011.

La recuperación se complica

Junto a la austeridad, el Gobierno debe poner en marcha las reformas estructurales como otro de los ejes fundamentales para los próximos meses. Además de la laboral, se encuentra la ley ómnibus de liberalización de servicios, y la ley de economía sostenible, que el Ejecutivo quiere aprobar antes de que finalice este año.  Pero, en este contexto, la recuperación de la economía nacional se complica por a retirada de estímulos, el plan de austeridad, y los altos niveles de desempleo. La tasa de paro está por encima del 20%, según los últimos datos de Eurostat. Se  puede quebrar la senda del PIB, que creció un 0,2% en el segundo trimestre del año, alumbrando la salida de los números rojos que se produjo entre enero y marzo. Sin embargo, la ministra Elena Salgado, se mostraba recientemente convencida de que el signo negativo no volverá a gobernar los datos del crecimiento.

Explican los expertos que la debilidad de la demanda interna, el grave desempleo y la reciente subida del IVA, recordar que los precios crecieron cuatro décimas en julio hasta el 1,9%, no dan alas  para que se cumpla el escenario de crecimiento previsto por el Ejecutivo. También coinciden en señalar que la parte positiva la aportará el sector exterior si se confirma el impulso del PIB en Alemania y Francia, socios comerciales de España por excelencia.

Cataluña y Madrid

Gran parte de la recuperación tiene que ver con unas cuentas públicas saneadas y la vuelta al equilibrio en las arcas del Estado. Los mercados van a estar muy pendientes de que se cumplan los objetivos de déficit público, y sobre todo tope del 6% marcado para 2011.

Rodríguez Zapatero tiene más frentes abiertos. La primarias en el PSOE madrileño, entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez. La candidatura de la actual ministra de Sanidad está apoyada explícitamente por el presidente con el argumento de que está en el mejor momento para presentar batalla a Esperanza Aguirre por Madrid, frente a un prácticamente desconocido Gómez.

Las elecciones en Cataluña y la previsible derrota del PSC, también complican el curso político recién estrenado. Recomponer las relaciones de los socialistas catalanes con el PSOE, tras la sentencia del Estatut, restableciendo la fluidez  con el resto del territorio español. Todo esto podría explicar la salida ya anunciada del Gobierno del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para integrarse en las listas del PSC a las elecciones catalanas. En lo que si se ins insiste, dentro del entorno del presidente es que éste no aprovechará ni la marcha de Corbacho ni la de, Trinidad Jiménez, para abrir una crisis en el Ejecutivo.

Ana Sánchez Arjona

La reforma de las pensiones, sin los sindicatos

El presidente del Gobierno impulsará la reforma de las pensiones aunque no tenga el apoyo de los sindicatos. La reacción de UGT y CCOO, ante las declaraciones de Rodríguez Zapatero, no se ha hecho esperar al acusarle de mantener las "posiciones más agresivas". Las dos organizaciones emitieron un comunicado conjunto para rechazar "la amenaza  de reformar al margen del diálogo social".

En la reciente reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, Elena Salgado aseguraba que las pensiones figuran entre las prioridades y que el Ejecutivo enviará un proyecto al Parlamento antes de final de año, pero de momento está a la espera de recibir el informe del Pacto de Toledo. No quiso entrar a valorar la propuesta del titular de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre elevar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de la pensión. Se limitó a decir que una recomendación similar aparecía en el programa de estabilidad y que se abordará más adelante.

Es la mayor incógnita hasta el momento, tanto en fechas como en contenido. El Ejecutivo está pendiente de recibir las propuestas del Pacto de Toledo -deberían estar listas en septiembre. Los ministros de Economía y Trabajo han dado a entender que, con acuerdo parlamentario o sin él, la edad legal de jubilación aumentará progresivamente de 65 a 67 años. También cambiará la forma de calcular la pensión, aunque esa idea está menos definida. Lo más probable es que se eleve el periodo que se tiene en cuenta para calcular el importe de la prestación, ahora, los 15 últimos años cotizados.

Apuntaba en Tokio el presidente del Gobierno que España y Japón "son los países más longevos del mundo, por lo que "mantener pensiones dignas exige progresivamente trabajar algo más". Esto es, aplazar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y "mejorar el grado de contributividad del sistema", que implica ampliar el tiempo de cálculo para establecer el importe de la pensión.