Cajeros, a sus cajas

Se acabó la imagen del político de turno calentando el asiento en un consejo de administración de una caja de ahorros. La nueva Ley de Cajas aprobada recientemente por el Gobierno pone un punto y aparte a este fenómeno "tipical spanish" y relega a todos los cargos electos que ocupan sillón en asambleas, consejos de administración o comisiones de control de los órganos de decisión de este tipo de entidades financieras.

Es muy de agradecer este guiño hacia la profesionalidad por parte de PSOE y PP, en tiempos tumultuosos como los actuales. Pero no les queda otra, si quieren lograr la ansiada credibilidad del sistema financiero español y en especial de las cajas que, ávidas de fondos del mercado, necesitan transmitir un mensaje de seriedad y rigor económico. En este sentido, la reforma de la Ley Orgánica de Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro (LORCA) da un paso importante hacia la profesionalización. Así, la norma dice textualmente que al menos la mitad de los miembros del Consejo de Administración deberán reunir "especial cualificación". Eso dice mucho acerca de por quién están gobernadas las entidades a día de hoy.

Bienvenida, por tanto, sea una reforma que los expertos venían pidiendo a gritos, y que los barones regionales se resistían a permitir en su reino de taifas. Éstos en muchas ocasiones utilizaban las entidades para sus propios objetivos políticos y electoralistas, sin pensar en la rentabilidad económica de los proyectos que financiaban. Los efectos de esta politización permanecían ocultos cuando todo eran días de champán y rosas, pero ahora la resaca de la crisis ha dejado al descubierto los números rojos. Así, un estudio promovido por FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) llega a cifrar en 12.000 millones el exceso de morosidad que sufren las cajas por el origen político de sus gestores y su falta de conocimientos y experiencia.  Ahí es nada.

La alegría con la nueva LORCA ha venido por barrios. Mientras los economistas brindan, los sindicatos no parecen estar muy contentos con la nueva Ley, porque dicen que abre el camino a la privatización de las cajas. A las fuerzas vivas de las comunidades autónomas tampoco les ha hecho mucha gracia. Ahora ya no podrán repartir "caramelos" al alcalde de aquí o al diputado de allá.

El actual sistema de reparto de prebendas entre los partidos políticos establecía tácitamente que los más afines al aparato de las dos formaciones mayoritarias, PP y PSOE, entraban en las cajas, para de ese modo completar su sueldo de manera que resultara rentable ser concejal o procurador en las Cortes. Incluso servía para contentar a aquellos candidatos de su color político que habían quedado fuera del designio del pueblo. Cuidado, que en este punto la nueva Ley de Cajas puede tener una gatera por la que se cuelen miembros de listas electorales, porque hay que recordar que la norma habla de cargos "electos". Sí nadie lo remedia, lo que va a ocurrir es que los partidos políticos tienen ahora una lista más en la que colar a los más afines porque la nueva Ley nada dice de militancias o simpatías ideológicas. Es decir, hasta ahora estaban el Ayuntamiento, las Cortes, la Diputación, el Senado y el Congreso. Pues a partir de ahora se suma la lista de las cajas.

Es necesario fijar también la atención sobre otros dos requisitos de la norma para los nuevos gobernantes de las cajas de ahorros. El primero, que no existan "conflictos de interés existentes entre los miembros de los órganos de gobierno". El segundo, "estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la caja de ahorros por sí mismos o en representación de otras personas o entidades". Eso va a dejar fuera a varios consejeros o incluso a algún que otro presidente, muy a su pesar. Por ejemplo, a Santos Llamas, presidente de Caja España y hasta la llegada de esta Ley, candidato a presidir la entidad que salga de la fusión entre la leonesa y Caja Duero. Las empresas de Llamas suman alrededor de 67 millones de euros en créditos entre las dos cajas, de modo que el conflicto de intereses es más que evidente, aunque haya pagado regularmente.

Lo mismo podríamos decir de otros tantos consejeros, pero no viene al caso. Lo importante ahora es procurar que casos como Caja Castilla-La Mancha (CCM) y el Aeropuerto de Ciudad Real no vuelvan a repetirse. O como el del propio presidente de los empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, que llegó a obtener un crédito siendo consejero de Caja Madrid por valor de 26,5 millones de euros, con garantías que ya había utilizado para obtener crédito en otra entidad bancaria y que nunca llegó a pagar. Las responsabilidades de este y de otros casos, han quedado, por el momento, disueltas.

Curiosamente, los que se han alegrado mucho han sido los autónomos, que han recibido la Ley de Cajas con los brazos abiertos. Dicen que por fin servirá para abrir el grifo del crédito a los trabajadores por cuenta propia. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, está convencido de que el nuevo modelo de cajas “contribuirá a fortalecer el sistema financiero español”.

Y mientras la sociedad, contempla mareada la transformación, ante la lluvia de mensajes de sindicatos y de los políticos de su región, que apelan a los sentimientos localistas para seguir explotando la gallina de los huevos de oro. Pero no se equivoquen, no es oro todo lo que reluce, y la reforma va en la buena dirección. Como dice el refrán, cada cajero a su caja.

Esmeralda Gayán