Por quiebra técnica se entiende la imposibilidad de asumir las deudas que van venciendo por carecer de bienes que puedan hacerlas frente. Alrededor del 80% de los ayuntamientos se encuentra en esta situación que se agrava, además, porque el desfase de sus cuentas públicas, según previsiones, puede superar el 1,5% este año.

El próximo 23 de marzo, el Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas y a los municipios para concretar los planes de reestructuración del gasto público y dejar por escrito dónde van a sacar la tijera para arrimar el hombro en la reducción del déficit.

Y les sugiere, por ejemplo, recortar en  gastos específicos de personal. Mientras el gasto público está repartido en un 50% entre el Estado,  por un lado, y las administraciones autonómicas y locales, por otro, el coste de los funcionarios públicos, 2,6 millones la cifra total, pesa mucho más en los municipios, con unos 580.000, que en la Administración central que dispone de 500.000; el resto se contabiliza en las comunidades.

En este sentido, la imposibilidad de congelar o bajar sueldos, ante el acuerdo sellado por el Ejecutivo y los sindicatos de la función pública, que prevé un alza del 0,3% para 2010, 2011 y 2012, ha estrechado el margen para ajustarlos cuando está previsto que deben bajar un 4% hasta 2013, según lo fijado en el plan de austeridad. Así que la única vía que les queda es aplazar las revisiones salariales o los complementos pactados con anterioridad.

El Gobierno ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias una propuesta de acuerdo en la que se contempla la posibilidad de que el Ejecutivo reduzca las transferencias a los ayuntamientos que no cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria.

El recorte afectaría a aquellas partidas que "no vengan determinadas por normas vigentes o acuerdos exigibles". El texto enviado a los ayuntamientos es muy parecido al que también recibieron las comunidades. El Gobierno pretende que las administraciones territoriales contribuyan con 10.000 millones de euros al recorte presupuestario de 50.000 millones hasta 2013. La FEMP y el Ministerio de Economía discutirán la propuesta en la Comisión Nacional de Administración Local. El Ejecutivo también insta a los ayuntamientos a informar trimestralmente de los pagos atrasados a sus proveedores. Esta obligación rige, además, para la Administración central y autonómica. El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible contempla que las administraciones reduzcan paulatinamente el plazo de pago de sus facturas. El objetivo es que en 2013, el sector público cumpla a 30 días como máximo. De todas las administraciones, los ayuntamientos son los que tienen más problemas para abonar a tiempo sus deudas. Si se aprueba la propuesta, tal y como ahora está recogida, los municipios deberán presentar en el plazo de tres meses un "plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos con el objetivo de reducir el gasto". En 2009, las corporaciones locales registraron un déficit del 0,5% del PIB y el Gobierno quiere reducir esa cifra al 0,2% en 2013.

"Algunos ayuntamientos no pueden ni pagar a sus empleados", aseguran las fuentes consultadas para señalar que una cifra superior a 7.200 entes locales no pueden cuadrar sus cuentas, y "van a ser muy complicado cerrar el agujero en sus presupuestos y en plena recesión".

Pero los ayuntamientos podrían ir más allá porque "si la economía no repunta y sigue como está se aplicarán expedientes de regulación de empleo de una manera más habitual". Según los datos del Ministerio de Política Territorial, fechados a primeros del año pasado, 400.000 empleados locales que pueden perder su puesto de trabajo a corto plazo.

Por ejemplo el ayuntamiento de Jerez ha abierto un ERE  a más de 500 empleados que, sin embargo, está en el aire debido a la presión sindical; en la localidad sevillana de Camas se anunció para 44 de sus 120 trabajadores. Lo que iba a ser en expediente en Arrecife, en Las Palmas de Gran Canarias, ha pasado a concretarse en rebajas salariales y prejubilaciones.

Durante una reunión en la sede de la Federación de Municipios y Provincias, el alcalde de de una importante localidad madrileña, aseguraba que esta situación se debe al sistema actual de financiación, "que no tiene sustentarse sólo en el rendimiento de los terrenos que les traspasa en los planes generales".

Reforzar la autonomía local

El borrador de anteproyecto que obra en poder del Ejecutivo quiere "reforzar la autonomía local", confiriendo a los consistorios una "auténtica capacidad política para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos". A juicio de los ayuntamientos, el nuevo sistema de financiación local debe girar sobre tres ejes: la dotación de recursos adicionales al actual sistema de participación en los ingresos del Estado, la mejora de la gestión de los tributos locales y la garantía de que los municipios participen en los ingresos tributarios de las comunidades autónomas.

Para Pedro Castro, presidente de la FEPM, el verdadero problema es el actual sistema: "medidas puntuales para aliviar la situación, no van a solucionar el problema de insuficiencia financiera que tienen los Gobierno locales. Esto sólo se resolverá con un nuevo modelo más justo, suficiente y estable".

Ana Sánchez Arjona

Segundos emisores de deuda tras los alemanes

La presión financiera sobre las administraciones locales españolas se debe, según la agencia, de análisis económicos Standard & Poor's  a la "abrupta recesión" del país y a la "enfermedad del sector inmobiliario, que frenó el crecimiento de la otrora robusta economía española". El informe considera estas circunstancias como el origen de otras vicisitudes indirectas que atacarán a las entidades locales. S&P prevé que no pocos municipios contarán con "saldos de explotación negativos, altos déficits y una acumulación de deuda sin precedentes".

El dictamen del estudio realizado no es muy alentador. El resultado es que los ayuntamientos y poderes regionales serán los segundos emisores de deuda de Europa, sólo superados por los alemanes.

Haz todo lo que debas y debe todo lo que hagas

Municipios y, por supuesto, autonomías, triplican su endeudamiento al margen del Estado para financiarse. Dicen, recomiendan, desde la presidencia de la Federación de Municipios y Provincias, que los ayuntamientos deben seguir gastando lo que estimen necesario sin que el aumento de su deuda deba afectar a sus decisiones. "Haz todo lo que debas y debe todo lo que hagas", sugería a sus colegas de consistorios Pedro Castro. Algo así, como hacer apología del endeudamiento público aunque, bien es cierto, pero no sirve de justificación, muchas de los servicios que prestan los entes locales no son de su competencia, y el debe, en este apartado, que figura en sus cuentas municipales, supera los 7.000 millones. Pero al margen de esta eterna reivindicación de los ayuntamientos, la deuda que ellos no tienen formalizada ni en préstamos bancarios ni en valores, y que corresponde, en su mayor parte, aunque no en exclusiva, a facturas guardadas en el escritorio, lo que algunos denominan morosidad con  proveedores y contratistas, ha crecido desde los 8.447 millones de euros en 2000 a los 21.745 millones en junio de 2009. Es más, muchos se preguntan si de ser los alcaldes directamente responsables de no efectuar estos pagos, se abrían llenado los cajones con una ristra inacabable de impagos. Se trata de  un desbarajuste casi tropical que tendría, al menos, un punto de arreglo si se articularan determinados comportamientos en el Estatuto Local, actualmente en preparación.