Una política económica que circula al mismo tiempo por tantas pistas –Congreso de los Diputados, Palacio de Zurbano, Pacto de Toledo y mesa de diálogo social- es difícil que pueda llegar a tener un relato coherente. El diagnóstico es de un veterano diputado socialista que no entiende el embrollo en el que se ha metido el Gobierno por la obsesión que tiene José Luis Rodríguez Zapatero de subordinar su estrategia a la mercadotecnia política. Al final, el PP, que ha sido partido de gobierno durante ocho años, ha tenido reflejos y ha aprovechado cada reunión con el Gobierno para exhibir su alternativa económica, justamente el déficit del que se le ha venido acusando a Mariano Rajoy todos estos años.

El invento de concentrar las reuniones donde se negocia el pacto en el madrileño Palacio de Zurbano, le parece a los diputados del PP algo extravagante. Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal y Fátima Báñez han acudido sumisos allí donde les ha citado la vicepresidenta Elena Salgado, pero no han desaprovechado la oportunidad para cantarle las cuarenta y evidenciar el lío de un modelo negociador que sólo puede conducir al fracaso. Si hace un mes el rey Juan Carlos pensaba que su llamamiento a la clase política para que alcanzara un gran acuerdo frente a la crisis iba a dar resultado, el balance hasta ahora no puede ser más pesimista. De hecho, el Gobierno y los principales partidos de la oposición sólo han sintonizado con aquellos puntos donde ya había consenso o, mejor explicado, allí donde Salgado ha reculado para no perder todavía más pie en el maremoto de la crisis. Las ayudas a la rehabilitación de viviendas, la lucha contra la morosidad y la recuperación de una especie de banca pública a través del ICO son ejemplos concluyentes.

El equipo del PP compara lo que está ocurriendo con una gran presa. Zapatero ve como crece el agua, pero continuamente transmite palabras tranquilizadoras. Cuando comienza a contemplar las primeras grietas y el peligro de desbordamiento, no se le ocurre otra cosa que pintar la presa de rosa, mientras que Alemania se ocupa provisionalmente de su sellado. ¿Por cuánto tiempo? Esta es la pregunta que cabe hacerse, sobre todo cuando el Gobierno acaba de esquivar la oferta que le ha trasladado el primer partido de la oposición para afrontar una reforma de la ley de estabilidad que obligue a comunidades autónomas y ayuntamientos a determinados techos de gasto y endeudamiento que hagan creíble el objetivo de rebajar en ocho puntos el déficit público hasta 2013. Una mano para huir del fantasma griego que Zapatero, de momento, ha sorteado.

Se trata de un acuerdo que sólo están en condiciones de articular los dos grandes partidos ya que se reparten el gobierno del grueso de comunidades autónomas y ayuntamientos. Es más, hay diputados socialistas que consideran que Salgado, José Blanco y Miguel Sebastián no deberían dar la espalda a este ofrecimiento del PP ya que el malestar entre las comunidades va en aumento porque no terminan de ver cómo van a reducir en un 4% los gastos de personal cuando en muchas de ellas el 80% de las nóminas están concentradas en las plantillas de la sanidad y la educación. De momento, los gobiernos autonómicos del PSOE están siendo disciplinados mientras vegeta la presidencia europea, pero cuando ésta se corone en junio muy posiblemente estallarán muchas costuras.

Además, se insiste en la dirección del PP, lo más lógico sería que si el Gobierno invita a la oposición a recorrer un campo minado desactive previamente algunos de los explosivos que permanecen ocultos bajo tierra. Y con ello enlazamos con las diferencias que estos días separan también al PSOE y al PP en cuanto a la reestructuración del sistema financiero. Es muy posible que para el mes de junio tengamos la foto fija de las entidades que han entrado en pérdidas y si para entonces el Gobierno no ha puesto en marcha el FROB también es muy probable que su discurso sobre la solvencia del sistema financiero en España quede en evidencia. Montoro ha puesto sobre la mesa del Palacio de Zurbano, una muestra de la aristocracia decimonónica madrileña, la necesidad de abordar una reforma urgente de la ley que regula los órganos rectores de las cajas porque considera que el Gobierno y el Banco de España, éste último cada vez con una voz más débil en el proceso, han comenzado la casa por el tejado.

En contra del sentir de algunas de sus comunidades, el PP sigue defendiendo la eliminación de veto autonómico en aquellas operaciones de fusión que vayan a requerir dinero público y la capitalización de las cajas a través de las cuotas participativas. Para que los balances reflejen fielmente el valor de los activos, los populares han propuesto que aumenten las provisiones de la cartera de inmuebles al 30%, pues es la vía, quizás, más directa y razonable para que de nuevo empiece a fluir el crédito y las entidades dejen de mirarse al ombligo.

Bien visto, no conocemos aún si los listones que han colocado Mariano Rajoy y su equipo económico para pactar con el Gobierno la salida de la crisis derivan o no de la inteligencia ya que, en buena lógica, al PP le conviene que todos estos temas se resuelvan antes de llegar a La Moncloa. Por primera vez en la historia reciente, parece ser que la izquierda se resiste a hacer el trabajo sucio a la derecha y alfombrar su recorrido hacia el poder. A fin de cuentas, qué más quisiera Rajoy que el PSOE le dejara en herencia un mercado de trabajo más flexible y un sistema de pensiones mejor encauzado. Pero, ya que no es posible un acuerdo de máximos, sí debería serlo de mínimos para que sirva, por lo menos, para alejarnos del fantasma griego. Me temo que tampoco será posible.

Federico Castaño