Cruzada contra el fraude fiscal

El Plan de Lucha contra el Fraude y la Economía Sumergida es una de las asignaturas pendientes de los gobiernos de los últimos años. Y también un recurso reincidente del que se echa mano con cierta frecuencia.

 La crisis económica y las necesidades de aumentar los ingresos de las arcas del Estado ha desempolvado de nuevo este eterno proyecto, y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo ha hecho suyo como medida de choque para hacer frente a la actual situación económica y de empleo.

Y no es para menos. Cerca de 245.000 millones de euros han escapado al fisco en 2009, según el "Informe de Economía Sumergida 2000-2009" elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Una cifra que representa un 23,5% del PIB Nacional y pone de manifiesto un crecimiento en 0,7 puntos porcentuales de la economía sumergida.

Con el nuevo Plan el Ejecutivo pretende aflorar hasta 100.000 millones de euros, que es la cantidad en que los inspectores fiscales estiman el volumen total de las bolsas de fraude tributario en nuestro país. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha señalado que los recursos se redirigirán hacia las empresas que realizan una actividad sumergida frente a una actividad económica aflorada normal, que podían hacer en otros momentos.

El objetivo esencial se centrará en descubrir y erradicar, "los contratos en negro y las llamadas actividades subterráneas o alegales". El aumento del fraude fiscal, unido a la caída de la actividad económica motivaron un desplome de la recaudación tributaria superior a 27.000 millones hasta noviembre del año pasado.

Así, los destinatarios principales de las medidas de este nuevo plan serán las empresas pequeñas y medianas, que es donde los técnicos de Hacienda consideran que se concentra el mayor número de actuaciones fraudulentas, especialmente en materia de contratación y empleo ilegales.

Otro foco de atención será el colectivo de parados o prejubilados que están desempeñando actividades económicas no declaradas y que suponen un fuerte elemento de "competencia desleal” para la mayoría de los pequeños empresarios y “los trabajadores autónomos que respetan la legalidad y cumplen sus obligaciones".

Los técnicos de Hacienda señalan que en época de crisis, los primeros que dejan de pagar las empresas cuando no pueden hacer frente a sus obligaciones son los impuestos, porque les origina menos dificultades que el impago a los trabajadores, entidades financieras o proveedores. Y resulta que, las partidas más perjudicadas por la crisis y el fraude fueron precisamente el IVA, y el impuesto de sociedades que cayeron un 29,8% y un 23,1% respectivamente.

 En los últimos diez años, el Estado ha dejado de recaudar más de 71.000 millones de acuerdo con la evolución del PIB y la recaudación impositiva del IVA. Mientras que el PIB registró un crecimiento acumulado del 64% entre 200 y 2009, las cuotas del IVA ingresadas por empresario retrocedieron a niveles de hace una década.

En este periodo, el dinero negro aumentó 2,4 puntos del PIB, lo que explica porqué la recaudación lo hiciera a un ritmo mucho menor mientras la economía crecía a niveles históricos gracias al “boom inmobiliario”. La evasión fiscal en el sector constructor y promotor encontró su caldo de cultivo en las operaciones especulativas de compra-venta inmobiliarias, según los datos de Hacienda.

Con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria Estatal podría reducir hasta en diez puntos porcentuales el ratio de economía sumergida, lo que situaría a España entre los países más avanzados de la Unión Europea y recaudar anualmente 38.500 millones de euros adicionales. Un cambio que permitiría asegurar y mejorar las prestaciones sociales, evitando los recortes a los colectivos menos favorecidos, según los tecnicos de Hacienda.

El fraude fiscal en España es muy alto y su erradicación es una prioridad al margen que suponga recuperar unos ingresos importantes para el Estado y que permitan “rebajar el esfuerzo fiscal a los ciudadanos” y financiar más políticas sociales o nuevas inversiones”. Pero empezar por pequeñas empresas, colectivos de parados, parece el chocolate del loro. También resulta difícil entender que los casi 250.000 millones de euros de fraude fiscal correspondan a servicios y operaciones sin factura, facturas sin IVA y las operaciones en de los pequeños autónomos, parados o inmigrantes, sobre todo en época de crisis.

Tal vez habría que empezar por buscar el dinero no declarado priorizando en otros focos con más peso como la evasión de los grandes capitales, paraísos fiscales, grandes operaciones de compra-venta inmobiliarias, sociedades tapadera o en el enorme volumen de billetes de 500 euros que circula por España, pese a la reducción que han registrado con motivo de la crisis y a los que aún no se les ha hincado el diente.

M. N.