El Ejecutivo planea acometer una "importante reducción del número de empresas públicas para recortar el gasto y el déficit”. Son palabras de hace tan solo unos días de la ministra de Economía, Elena Salgado. El cómo no está tan claro. Todo parece indicar -señalan fuentes del sector- que nada tendrá que ver este proceso con las oleadas privatizadoras de los últimos años del Gobierno socialista de Felipe González o de las dos legislaturas del de José María Aznar. "Ahora que queda poco que vender, la solución pasa más bien por operaciones parciales, entrada de capital privado sin perder el control público, fórmulas de cooperación…".

El pistoletazo de salida lo daba hace unas semanas el ministro de Fomento, José Blanco, anunciado que AENA daría entrada a invasores privados en un 30% de su capital. Concretamente, Fomento llevará al Congreso un proyecto de ley que creará la sociedad estatal AENA Aeropuertos SA, encargada de la gestión de todos los aeropuertos ahora encomendados al ente público. En dicha sociedad se dará entrada al capital privado en ese porcentaje. Esta noticia -que sobre todo las constructoras esperan desde hace años- coincide con la presentación de unos datos, que hasta ahora nunca se habían hecho públicos: sólo nueve de los 48 aeropuertos que gestiona AENA son rentables. El conjunto del sistema cerró el ejercicio pasado con pérdidas operativas superiores a los 430 millones de euros y un déficit de explotación cercano a los 300 millones.

El presidente de Sepi, Enrique Martínez Robles avanzaba el pasado mes de octubre ante la comisión de Presupuestos del congreso que en cuanto culmine la fusión de Iberia con British Airways, el Estado saldrá del capital, siempre que las condiciones del mercado sean favorables. A precios actuales, el 5,16% del Estado en Iberia valdría unos 110 millones

Apertura

Lo de AENA  e Iberia está anunciado, pero en el sector ya hablan de más privatizaciones, no tan transparentes. Por ejemplo, la de Loterias del Estado. A pesar de que desde le gobierno nieguen que se trate de una privatización, las asociaciones de administraciones de lotería llevan semanas movilizándose. Critican que el Gobierno, a través de las disposición adicional 34 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2010, plantea unas medidas "irreversibles hacia una privatización encubierta", al contemplar que cualquier entidad jurídica, mediante contratos privados, pueda comercializar juegos del Estado. El presidente de la mesa de asociaciones de Administraciones de Loterías, Manuel Izquierdo, señala también que hasta ahora los administradores tenían una concesión administrativa que Loterías y Apuestas del Estado quiere sustituir por un contrato mercantil, regulado por derecho privado. "A partir de abril no tendremos la exclusividad de la venta", ha afirmado el presidente de la mesa para añadir que a partir de entonces se podrían crear 6.500 puestos mixtos, es decir, puntos de venta con otro tipo de actividad y una máquina expendedora de lotería, "que desvirtuaría el décimo físico".

Ha remarcado que hay 4.030 administraciones de Lotería en España, y que con los puestos mixtos han calculado que "habría 1.200 que tendrían que cerrar, con lo que se perderían 2.400 empleos directos", y ha puntualizado que una situación similar "ya se ha dado en otros países de Europa".

A nadie extraña que esten defendiendo su territorio con ‘uñas y dientes’: en 2008, las 4.000 administraciones de Lotería aportaron 2.500 millones de euros a Hacienda y los 6.000 negocios (como cafeterías o estancos que lo comercializan en pequeñas localidades), otros 400 millones. El juego público supone el 40% del total del mercado del juego en España.

Otra de las empresas que está en el punto de mira, si bien no hay ningún plan por parte del Gobierno,  es Hunosa. De hecho siempre lo ha estado. En 1980, durante el Gobierno de Felipe  González ya hubo algunos conflictos con los sindicatos por su posible paso a manos privadas. Ahora, el tema del carbón, después de años de ostracismo vuelve a estar de plena actualidad por el sistema de defensa del carbón nacional del Gobierno y que obliga a las eléctrica a consumir unas porcetajes del mismo, al margen del precio.

Austeridad

Por el momento y hasta que no se concrete más por el ministerio de Economía, parece que será el de Fomento el que acelere el proceso. El ministro José Blanco ya ha anunciado que, como parte del plan de recorte de gastos que impondrá en su ministerio, se reducirá el número de empresas públicas, alguans de las cuales realizan trabajos que en realidad quedan diplicados. La mirada está puesta en  algunas empresas de Renfe, Adif o la propia Aena. No hay que olvidar que Fomento debe asumir la mitad del recorte de gasto planteado por el Ejecutivo a los ministerios: 1.760 millones de los 3.500 millones en total. Y sin poner en peligro la inversión en las princiales infraestructuras, lo que le obliga a poner en acento en el recorte administrativo.

“Sin prisa, pero sin pausa”-señala una fuente. Porque todas estas posibilidades se abren en el marco del Plan de Reequilibrio 2010-2012 aprobado por el Gobierno y que prevé un recorte presupuestario de 50.000 millones de euros.

Nuria Díaz

SEPI aún tiene participación en 30 empresas

El gran conglomerado de empresas públicas está bajo el paraguas de la Sepi.  Desde que se inició el proceso privatizador en España, se han vendido unas 120 empresas, que han permitido al Estado ingresar casi 60.000 millones de euros, según datos del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP).

La última gran privatización fue la del Grupo ENA (Empresa Nacional de Autopistas), en el año 2003. La constructora Sacyr, que preside Luis del Rivero, después de una dura pugna con otros grupos nacionales, se adjudicó las autopistas estales (unos 472 kilómetros) por 1.586 millones de euros.

Después sólo ha habido alguna venta más pequeña y puntual, como la de la aeronaútica Turbo 2000, completada en 2004, la venta de la aseguradora Mussini a Mapfre y la liquideación de Izar.

Ahora que Gran Bretaña, Alemania o Grecia se disponen a sacar del cajón planes privatizadoras para hacer caja, España se quiere sumar pero tiene menos de donde tirar. Ya no quedan joyas de la corona de aquellas que llenaron las arcas del Estado, sobre todo, durante los gobiernos de José María Aznar.

¿Qué puede vender ahora la Sepi?. Del 20% en Red Eléctrica Española (REE), Sepi está obligada por ley a mantener el 10%. Por el 10% restante, los analistas creen que podría captar unos 475 millones en la bolsa. El 8,45% de Ebro Puleva está valorado en unos 170 millones.

Las participaciones de Sepi en el consorcio aeroespacial europea EADS (el 5,48%) y en Enagás (5%) son consideradas estratégicas y nada se ha dicho de su posible venta.

Tampoco hay planes concretos, algo que sorprende a los analistas, para una posible venta del Hipódromo de la Zarzuela o, incluso para la empresa minera Hunosa, que arrastra importantes pérdidas y se mueve en un sector que está ahora mismo de plena actualidad por la defensa del carbón nacional anunciado por el Gobierno. En situación parecida estaría Mayasa (Minas de Almanden y Arrayanes).

Es decir, que de parte de la Sepi apenas se podrían lograr unos 1.200-1.500 millones para reducir deuda pública.

De esta lista de posibles ventas quedan descartadas, al menos por el momento, las privatizaciones de la Corporación RTVE o de EFE por la contestación social que supondrían, pero los analistas señalan que el Gobierno tendrá que desgranar esta lista para encontrar más opciones si quiere frenar la escalada del déficit.

Participaciones mayoritarias

• EADS 

Empresa	%
• Agencia EFE	100
• Alimentos y Aceites	91,96
• Astilleros Españoles	100
• Cetarsa	79,18
• Cofivacasa	100
• Defex	51
• Ensa	100
• Efusa	60
• HUNOSA	100
• Grupo Izar	100
• Hipódromo de la Zarzuela	95,78
• Infoinvest	100
• Iniexport	100
• Mayasa (Minas de Almadén    y Arrayanes)	100
• MERCASA	51
• Navantia	100
• Presur	100
• Sedettur	100
• Saeca	80
• Sepides	100
• Sodián	60,29
• Tragsa	51
PARTICIPACIONES MINORITARIAS
Empresa	%
• Corporación RTVE	45,68
• EADS	5,48
• Enagás	5
• Enresa	20
• Hispasat	7,41
• Iberia	5,16
• REE  20
• Sociedad Estatal   Española P4R, S.A.	11,87
Datos a 31 –dic-2009.	Fuente: SEPI.

 

Maraña de sociedades, consorcios y entidades en las CC AA

Hace unos días, la ministra de Economía Elena Salgado contestaba a una pregunta del s enador autonómico navarro del Grupo Mixto, Patxi Tuñón, reconociendo que, efectivamente, la reforma del sector púlbico es una necesidad. Tuñon ‘tiró’ de datos del Banco de España relativos al primer semestre de 2009, en el que existían 283 empresas púbicas que contaban con una deuda de 45.000 millones de euros. Tuñon explicó también que el Tribunal de Cuentas ha estrechado el cerco porque las empresas no son ‘serias ‘ con la presentación de sus cuentas.

Lo cierto es que, buceando en los presupuestos de las CCAA más grandes, el número de empresas en las que participan es interminable. Por ejemplo, casi todas ellas tienen participación en sociedades mercantiles, entidades de derecho público, agencias públicas,  consorcios, fundaciones...

Sociedades mercantiles

Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña tiene participación en 50 sociedades mercantiles. Por su parte, la Comunidad de Madrid, participa en 25  empresas o entes. Andalucía, en nueve sociedades mercantiles y 12 entidades de derecho público; y Valencia, en  36 entidades.

Si bien en ninguna ha surgido un debate como el que sí ha emergido a nivel estatal, lo cierto es que el proyecto de salida a Bolsa del Canal de Isabel II, perteneciente a la Comunidad de Madrid, ha abierto la puerta a otras operaciones similares en otras regiones. La CAM ha iniciado conversaciones con las entidades de banca de inversión para obtener propuestas de asesoramiento en el diseño de su estrategia futura, que pasa, entre otros puntos, por constituir una sociedad anónima (con mayoría de capital público), y sacar a bolsa un 49% del capital mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones, dentro de los próximos doce meses. La intención del Canal de Isabel II al salir a bolsa es obtener recursos con los que financiar unas inversiones de 4.000 millones de euros previstas para los próximos diez años, según expresó recientemente su presidente, Ignacio González. Precisamente González, también vicepresidente regional, ha sido uno de los grandes impulsores del plan actual, que ha retomado con fuerza tras no incorporarse a la presidencia de Caja Madrid.

Canal de Isabel II y sus filiales cuentan con 2.200 empleados y una facturación cercana a los 800 millones de euros.

Un buen pellizco que pone en valor el negocio del agua por lo que alguna otra comunidad podría estar ya pensando en hacer lo propio con sus empresas gestoras del ciclo integral del agua.