Pocos ministros conocen bien las razones por las cuales el presidente del Gobierno se ha asomado con tanta valentía al precipicio desde el que se atisba el futuro de la reforma de las pensiones teniendo abiertos frentes tan envenenados como el del pacto de rentas que negocian sindicatos y empresarios, el cambio de la legislación laboral o el de la polémica ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC), vulgarmente conocido como cementerio nuclear. Si se hiciera caso de las últimas versiones oficiales sobre la oportunidad de abrir esta polémica, cabría preguntarse qué motivos llevaron a Celestino Corbacho a rechazar hace tan sólo unas semanas la urgencia de reformar las pensiones y a otros miembros del Gobierno a defender la sólida salud del sistema de Seguridad Social. Tanto envalentonamiento ha dado pié, incluso, al Partido Popular a exigir que el excedente de 8.000 millones con que cerró el ejercicio el año pasado se inyecte sin demora en el Fondo de Reserva, olvidando que este superávit es el que ha servido para financiar la moratoria concedida por el equipo de Octavio Granado a las empresas en dificultades.

No pocos diputados socialistas admiten en privado que éste  no era el mejor momento para abrir el melón de las pensiones saltándose a la torera las reglas acordadas en su día dentro de la Comisión del Pacto de Toledo. La propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años ha puesto a la defensiva a todos los partidos de la oposición y a los sindicatos, que acusan a Zapatero de incendiar el debate sobre las pensiones y de echar mano después de algunos bomberos voluntarios para apagarlo. Entre ellos han destacado con luz propia José Blanco, Elena Salgado, Celestino Corbacho y la diputada socialista Isabel López y Chamosa, aunque, pese a su buena voluntad,  sólo han conseguido dar la imagen de que es el propio Gobierno el que recula en sus propuestas. ¿Falta de coordinación¿ ¿Ausencia de inteligencia política? ¿Simple improvisación?

El documento del Gobierno, sumado a la propuesta incluida en el plan de estabilidad enviado a Bruselas (luego rectificada) de ampliar a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones, ha provocado también que se suceda una cascada de propuestas desordenadas de los diferentes partidos para garantizar las pensiones del futuro, de manera que es muy probable que los ciudadanos hayan vuelto a percibir cierto tufo electoral en un debate que debería discurrir fuera de la clave puramente partidista. Si el clima de enfrentamiento al que han dado lugar las propuestas de Zapatero se calma, es probable que la polémica haya servido, al menos, para poner algunas iniciativas en común: la mayoría de los partidos han propuesto frenar las prejubilaciones, casi todos coinciden en la necesidad de incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral y también en adoptar medidas para fomentar la natalidad mediante ayudas más eficaces que los 2.500 euros del ‘cheque bebé’. Si, al final, la crispación se reconduce, la valentía del Gobierno habrá merecido la pena. De lo contrario, Zapatero habría cometido otro error al dejar al descubierto el desorden interno en su Gabinete y la falta de coordinación.

La relación con los sindicatos parece discurrir por otro cauce diferente. A los diputados del PSOE les cuesta mucho creer que el presidente no tuviera al tanto de sus intenciones a Cándido Méndez. Lo cierto es que UGT reaccionó con asombro y algo de virulencia a la propuesta de retrasar la edad legal de jubilación y que Ignacio Fernández Toxo le siguió la corriente con moderación. La clave, se asegura dentro del PSOE, puede estar en la futura ley de Participación Institucional de los Sindicatos que Zapatero se ha comprometido a aprobar antes de que finalice la actual legislatura y que dará presencia a éstos en la práctica totalidad de los organismos reguladores. Con una financiación adecuada garantizada y presencia en todos los organismos donde se adoptan las grandes decisiones, los sindicatos tendrán poco margen para soliviantar a Zapatero y colocarle contra las cuerdas. Y mucho menos para organizarle una huelga general como la que sufrieron Felipe González y José María Aznar a lomos de las cinco reformas del Estatuto de Trabajadores registradas desde 1980 y también de las pensiones, se opina en Ferraz.

Como el Gobierno es consciente de lo que se juega y de la necesidad de encauzar los numerosos frentes que tiene abiertos en este momento, aseguran fuentes socialistas, lo más probable es que ceda en todas aquellas posiciones que pueden comprometer la llamada paz social. De alguna manera, la forma que ha tenido Obama de destrozar el marketing con el que se había construido desde La Moncloa la presidencia europea, los tropiezos con los que el Gobierno evidencia a menudo su falta de coordinación interna y la creciente preocupación con la que muchos ministros y buena parte de los ‘barones’ regionales observan la evolución de las encuestas, podrían convertirse en puras anécdotas si los sindicatos siguen ejerciendo su papel de escudos protectores y regresa el lío a las filas del Partido Popular. Hace meses que se escuchó a un veterano dirigente socialista decir que lo que se había conocido hasta entonces del ‘caso Gürtel’ era algo así como la punta del iceberg. Si esto fuera así y el levantamiento total del secreto del sumario deparase importantes sorpresas, el Gobierno tal vez estaría en condiciones de aprovechar el respiro para reponer fuerzas una vez que, convenientemente remodelado, enfilara la recta final hacia las elecciones locales y autonómicas del año que viene.

La política se mueve mucho por estados de ánimo y Zapatero ha demostrado que aguanta bien los vaivenes de la montaña rusa. El problema, dicen sus compañeros de partido, es que el presidente atraviesa una zona de turbulencias en la que parece haber perdido el control de la nave. Veremos por cuanto tiempo.

Federico Castaño