José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda

“El fraude fiscal aumenta en casi 4.000 millones por la crisis económica”

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado un nuevo error en los borradores remitidos por la Agencia Tributaria a los contribuyentes con motivo de la Campaña de Renta 2008. En esta ocasión el fallo perjudica a las parejas con hipoteca que hagan una declaración conjunta. Gestha estima que 1,3 millones de borradores con derecho a deducción en vivienda habitual en declaración conjunta contienen "graves incorrecciones". Por otra parte, están detectando “graves síntomas” en el mercado inmobiliario e hipotecario español, por lo que reclaman un pacto de Estado que implique “a todos” y que quede al margen del debate político y el “electoralismo”. Respecto al fraude fiscal, aseguran que el Estado podría recaudar 25.000 millones de euros adicionales si se redujera el tamaño de la economía sumergida existente en España.

final de año, revela que este incremento del fraude viene determinado por el descenso inexplicado de la recaudación en IVA y Sociedades durante 2008.

Por ello, consideramos que las cifras presentadas  por la Agencia Tributaria parecen haber sido seleccionadas cuidadosamente de acuerdo a un plan de marketing institucional que refleja una imagen idílica, optimista y alejada de la realidad.

Apenas un 13% de las deudas ingresadas en los últimos dos años fueron por cobro directo fruto de la lucha contra el fraude, mientras que el resto fueron canceladas por otras causas como insolvencia, prescripción y anulación por tribunales económico-administrativos a favor del contribuyente que debía dinero al Fisco.

El Estado podría recaudar 25.000 millones de euros adicionales si se redujera el tamaño de la economía sumergida en España, que ronda el 23% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que la sitúa en el segundo lugar europeo por volumen de dinero negro, tan solo por detrás de Grecia.

– Hacienda detecta un nuevo error en los borradores que podría afectar a 40.000 contribuyentes. ¿ Qué tipo de error?

– Estas declaraciones contienen graves incorrecciones  ya que la deducción con financiación ajena está mal calculada, lo que puede suponer para los contribuyentes un pago indebido de hasta 621 millones. En los borradores en tributación conjunta que reciben los miembros del matrimonio, las cantidades amortizadas y los intereses del préstamo realmente satisfechos no constan en su totalidad, sino sólo la mitad, por lo que la deducción consignada por la Agencia Tributaria en concepto de deducción es la mitad de la que realmente correspondería.  Si lo amortizado por la pareja fuera de 10.000 euros, el borrador sólo recogería la cantidad de 5.000 euros de base de deducción para la pareja en tributación conjunta.

Sin embargo, el error detectado no afectaría a aquellos contribuyentes con una financiación ajena anual superior a 18.000 euros, ya que la base máxima de la deducción por vivienda habitual de 9.000 euros es única tanto en declaración conjunta como individual.

– ¿Qué le parece el aumento a 18.000 euros de los aplazamientos de impuestos sin garantías?

– Nos parece positivo. Sólo entre enero y febrero los aplazamientos de IVA han alcanzado los 1.240 millones de euros -530 millones de las empresas que facturan más de 6 millones anuales y 710 millones de las que facturan menos-mientras que los aplazamientos de las retenciones en el IRPF han sumado sólo en enero 200 millones. Con esta nueva medida, es muy previsible que aumenten los aplazamientos solicitados, que ya se vienen incrementando en los últimos meses como consecuencia de la falta de liquidez de las empresas derivada de la crisis financiera internacional.

– ¿Reducir  a tres meses la rectificación del IVA mejoraría la liquidez de las pymes?

– Hemos pedido a la Agencia Tributaria que reduzca de un año a tres meses el plazo legalmente establecido para que empresas y autónomos puedan realizar la rectificación de las facturas con el IVA que han repercutido a sus clientes pero que, debido a la falta de tesorería, no han podido cobrar en su totalidad o parcialmente. En este sentido, Gestha solicita que se apruebe, mediante Real Decreto Ley, la modificación de la Ley del IVA, por considerar que la reducción del plazo de rectificación, fijado actualmente en un año, podría mejorar la liquidez de las empresas afectadas por la morosidad.

Esta modificación normativa se ajustaría al derecho comunitario donde en relación al IVA, el marco regulador español debe someterse a lo dispuesto en la directiva comunitaria 2006/ 112/CE, que reconoce la potestad de la Administración a exigir la regularización de la deducción de este impuesto en caso de operaciones total o parcialmente impagadas.

–¿Nuestra Ley lo permitiría?

– La Ley española del IVA establece la posibilidad de la modificación de la base imponible por las causas previstas en Ley Concursal o por transcurrir un año desde el devengo sin que se haya cobrado total o parcialmente el crédito, si bien obliga a la empresa a haber instado previamente su cobro mediante reclamación judicial. Aunque es cierto que este requisito, con frecuencia no se produce, ya que económicamente no suele compensar iniciar un procedimiento así en los tribunales.

En la actualidad, las empresas, pymes, autónomos y pequeños productores deben ingresar a la Hacienda Pública el IVA de facturas que aún no han cobrado y puede ser que nunca cobren, ya que la normativa comunitaria establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no en el momento en que se emite la factura o se materializa el pago de la misma.

– ¿Cómo resolvemos la deuda de las administraciones con las empresas?

– Hemos instado al Ejecutivo a que apruebe con carácter de urgencia la ley que permita que los más de 12.300 millones de euros que, según nuestros cálculos, las administraciones públicas adeudan a las empresas, puedan compensar los pagos del Impuesto de Sociedades y del IVA de éstas, con el fin de aliviar sus dificultades de liquidez. En su defecto,  estas obligaciones reconocidas pendientes de pago deberían tener la consideración de aval suficiente para que las empresas perjudicadas por la demora en los pagos puedan aplazar sus obligaciones fiscales con Hacienda, eximiendo a ambas partes del pago de los intereses de demora previstos por ley. Estas figuras de compensación y garantía permitirían inyectar liquidez a las empresas, aliviando sus dificultades de tesorería, que se han visto agravadas en este último año por las fuertes restricciones crediticias impuestas por las entidades financieras y que están llevando a muchas sociedades, hasta ahora solventes, a echar el cierre por falta de financiación y circulante para pagar a sus empleados.

– ¿Tan mal está el mercado inmobiliario para pedir un Pacto de Estado?

– Las familias españolas tendrían que desembolsar una media de 37.400 euros a las entidades financieras con las que tienen contratada su hipoteca para mantener la misma cuota mensual que pagaban en 2005. Todo ello como consecuencia de las subidas de los tipos de interés, que se han duplicado en los últimos dos años. Por ello consideramos un gran pacto de Estado con las distintas Administraciones autonómicas y ocales, así como con los agentes sociales, los promotores y las entidades financieras, con el fin de paliar los riesgos bancarios, sociales y fiscales.

M. T.