– ¿Cuál fue el motivo de que no les convocaran para asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera?

– El Gobierno entendía que por eficacia garantizaba que la negociación iba a ser paralela a la de las autonomías, simultánea y vinculada. El Ministeriode Economía considera que se debe tratar la financiación comunidad por comunidad, con contactos bilaterales en principio y que, por tanto, deben ser así también los contactos con la Federación de Municipios y Provincias. Sin embargo, yo mantengo la petición de formar parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

– Los ayuntamientos exigen mayor poder fiscal. El IAE ¿cómo debe quedar?, ¿debe haber diferencias según los sectores, por ejemplo, el sector bancario?

– Queremos una negociación completa. Sobre la mesa está la ampliación del recorrido del IAE, el Impuesto de Actividades Económicas. Todo lo que sea aplicar un impuesto sobre beneficios, puede tener mayor recorrido. No quiero nombrar a ningún sector en concreto porque la Administración puede dar su visto bueno y al mismo tiempo mantenerse al margen de las posibles negociaciones. Es una trampa que nos quieren tender. Yo tengo claro que se deben gravar los beneficios y no a los ciudadanos. No buscamos ninguna subida de la presión fiscal, sino una mejor redistribución social de los impuestos. Debe haber un principio de subsidiariedad.

– El impuesto de plusvalías, un buen mordisco que se llevan los ayuntamientos. ¿Debe subir?

– Pedimos su actualización, que se adecue a la situación real. Ahora mismo el valor del terreno, de la vivienda, está en un 30% de su valor real. Es un impuesto que, como el anterior, repercute sobre el beneficio obtenido, no sobre los ciudadanos. Queremos participar, es un derecho constitucional, en los impuestos que corresponden a las comunidades: patrimonio, sucesiones, juego, combustible, etc.

– El IBI. ¿Debe ser un impuesto progresivo?

– Los ayuntamientos rondamos el 52% de presión fiscal. Nadie puede decir que no asumimos nuestra cota de responsabilidad en el conjunto del Estado. En este sentido, las autonomías son las que menos presión fiscal tienen de las tres administraciones. El IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, tiene mucho recorrido, mucho margen para actuar. Respondiendo a tu pregunta: Sí, me gustaría un IBI progresista que se pudiera subir. Firmaría un tratamiento igual para el IAE y las plusvalías. Pero este asunto debe tratarse en una negociación global, colectiva para discutir los problemas y las soluciones. Con un IBI, un IAE, y un impuesto sobre plusvalías progresista, que más pague el que más tiene, se soluciona en parte el problema de la financiación local.

– ¿Qué pasa con las CCAA?

– Que son avaras. Asumen competencias del Estado, de los ayuntamientos, sin asumir gastos. Esto quiere decir que invitan a comer a los ciudadanos y pagamos los ayuntamientos.

– ¿Qué actividades asumen los ayuntamientos que no les corresponden?

– Infinidad. Es una larga lista.Ayuda a domicilio, actividades extraescolares, calidad de vida para los mayores, violencia de genero..., Es decir, todo lo que tiene que ver con la infancia, la juventud, los mayores, las mujeres y la prevención sanitaria.

– ¿Cuánto supone?

– El 30% de nuestros presupuestos, 7.000 millones al año.

– En materia de vivienda. ¿Estan en contacto con la nueva ministra?

– Si y está en buena posición. Acabamos de firmar un convenio con la Asociación de Promotores y Constructores, APCE,  y con los sindicatos para adquirir el compromiso de poner suelo para vivienda pública. En concreto, 200.000 viviendas. Los empresarios se comprometen, por su lado, a mantener la actividad y a mantener el empleo. El Gobierno nos ha encargado en este sentido  un estudio sobre cuánto terreno disponible hay en el conjunto del territorio nacional y cuál es la demanda real de vivienda.

En el caso del empleo, también tenemos sobre la mesa un gran pacto para estudiar junto con el Ministerio de Trabajo e Inmigración  que marcará los criterios generalesque se deben acometer. Como se ve, los ayuntamientos podemos ser 8.112 terminales de desarrollo económico.

– ¿Debería financiarse a la carta cada ayuntamiento?

– Hay unos criterios generales que se deben cumplir por que debe haber una cierta cohesión. Pero es verdad que en un ayuntamiento, por ejemplo los costeros, que vive del turismo, debería haber mayor presión fiscal sobre el sector.

– ¿No es exagerado calificar la situación de los ayuntamientos como de desesperada?

– Hasta tal punto que hay ayuntamientos que no pueden pagar las nóminas. Pero, no es por una mala gestión. Una encuesta que hemos publicado señala que los entes locales somos la administración más valorada por parte de los ciudadanos, que somos los que mejor servicios prestamos, los más ahorradores, los más eficaces. No despilfarramos en absoluto, sino que estamos llegando a un límite.

– ¿Se ha producido la primera reunión con el Gobierno?

– Ha habido una primera reunión para fijar criterios con Hacienda y Administraciones Públicas con los mismo responsables ministeriales con los que tratan las comunidades autónomas. Acordamos ya una hoja de ruta que recoge el inicio del proceso de negociación al mismo tiempo que el de las regiones  para terminarlo a la par y que va a ser vinculado. Lo más importante es esto, que estén vinculadas una a la otra. El objetivo es que lo recojan los Presupuestos Generales del próximo año, de 2009.

– ¿El compromiso por parte de las CCAA cómo lo ve?

– Muy duro. Tienen sobre la mesa algo nuevo con lo que no contaban. Hay tensiones con las diferentes comunidades. Se habla por parte de las autonomías de asumir una tutela sobre los ayuntamientos y que sean ellas las que negocien definitivamente su financiación. No necesitamos tutela ninguna porque ya somos mayores y porque quienes prestan los servicios y quienes se enfrentan con los ciudadanos, son los ayuntamientos.

Ana Sánchez Arjona