año 2000. Sin embargo dar el giro al modelo en la pasada legislatura era muy difícil dada la inercia que había tomado la actividad, aunque hubo intentos por hacerlo, insuficientes es verdad.

– ¿Cobra en esta situación una mayor importancia el diálogo social?

– El diálogo social ha sido una marca de la política del Gobierno Zapatero. Y, efectivamente, en esta situación, es mucho más necesario, sobre todo para que podamos debatir sobre el paquete de medidas anunciado. Quiero decir, no obstante, que ya las hemos discutido lo que significa que ahora debemos conocer su intensidad. Por ejemplo, considero que no deben ser extraordinarias sino que se deben mantener en el tiempo y no se puede circunscribir solo al sector de la construcción.

– En este sentido, ¿cómo valora el plan de choque para los parados del sector?

– A mi juicio, lo más importante es que el proyecto debía de contemplar medidas de actuación económica, no tanto laborales. Lo que manifestamos en este sentido es que habría que anticipar la construcción de infraestructura civil, social e impulsar las inversiones destinadas a desarrollar la ley de Depedencia y también a las más de 300.000 en escuelas infantiles que ha prometido Zapatero. Incidir en la vivienda protegida y de alquiler. En cuanto a la rehabilitación, el sindicato lleva tiempo insistiendo en la necesidad de acometerla en los cascos antiguos de las ciudades ya que supone una importante fuente de empleo y que, esas viviendas y edificios cumplan con la normativa para combatir el cambio climático. Y es que, en mi opinión, el relevo a la construcción debe ser el propio sector y no debe venir, por ejemplo, de la industria que debe, en su caso aportar productividad y contribuir al cambio de nuestro modelo de crecimiento.

– La inversión en capital tecnológico, ¿qué papel va a jugar?

– A lo largo de la anterior legislatura han aumentado mucho las inversiones públicas en I+D+i lo que no ha ocurrido con la inversión privada. Los datos son muy significativos. A los fondos tecnológicos europeos, España aporta alrededor del 8% del total y sólo recibimos el 5% porque no hay proyectos. La explicación es que, en los últimos años, lo que interesaba era el ladrillo por su alta rentabilidad. De esta manera, o los empresarios cambian de mentalidad y pasan realizar inversiones con resultados a corto plazo a otras de más largo recorrido, que tardan en madurar más tiempo, pero que serían determinantes para el modelo de crecimiento, o tendremos problemas. La pelota, por tanto está no sólo en el tejado de la Administración Pública sino, y sobre todo, en el sector empresarial.

– ¿Qué opina de la propuesta de incentivar la vuelta de los inmigrantes a sus países capitalizando el desempleo?

– Esta es una medida que ya existe en nuestro país. En este sentido, y en términos de cobertura, estamos en una situación sin precedentes, prácticamente al cien por cien. Las garantías sociales, los colchones de protección tienen un nivel para afrontar, sin especial dificultad, el aumento del paro. A mi no me parece mal el planteamiento de capitalizar a los inmigrantes. Pienso sin embargo, que en el caso de los trabajadores comunitarios, la vuelta se puede producir con cierta intensidad ya que nuestra situación no es tan favorable y, además, en sus Estados de origen se necesita mano de obra.  De cualquier manera, debemos de ser muy cuidadosos a la hora de analizar el factor inmigración y tratar de huir de cualquier discurso alarmista. Hay que trabajar sobre los fundamentos que establecimos de común acuerdo Gobierno, patronal y sindicatos que han sido vincular los inmigrantes a la legalidad y al empleo, sobre todo, al de difícil cobertura.

– ¿En cuanto se debería reducir el cupo de llegada de trabajadores extranjeros?

– La inmigración no se puede analizar en función de una situación concreta, hay que hacerlo a medio plazo. Todos, empresarios, analistas, sindicatos, políticos, etc, coincidimos en qué uno de los grandes problemas que tiene España es la población, escasa y su envejecimiento. El aporte migratorio es fundamental para nosotros. La previsión para la contratación de trabajadores en origen es precisamente la del contingente. Y si del análisis resulta que en 2009 hay que contratar, por ejemplo, cero trabajadores,  así se hará. Lo que ocurre es que hay empresarios que no acuden a esta fórmula y buscan la mano de obra por su cuenta y riesgo. Deben seguir el marco legal consensuado y reclamar trabajadores a los servicios públicos de empleo.

– La reforma de los Servicios Público de Empleo es inaplazable, ¿no le parece?

– Una de las objeciones que nosotros planteamos al documento sobre al plan de choque, al plan extraordinario, es que no se contempla su continuidad en el tiempo. Esto tiene que ver con los Servicios Públicos de Empleo. Hay una previsión de crear 1.500 nuevas plazas de orientadores profesionales, que necesitan al menos siete meses para formarse. Los recursos humanos de estos servicios de empleo, estan muy por debajo de lo que necesitamos. Cuando se discuta el nuevo sistema de financiación, no sólo habrá que discutir de objetivos para reforzar estos servicios.

– ¿Parece que la Ley Dependencia se ha quedado muy por debajo de sus expectativas?

– Si no hay un compromiso muy fuerte del Gobierno y de las CCAA, la Ley de Dependencia podría pasar de ser la gran esperanza a ser la gran decepción. Lo que ha ocurrido es que su desarrollo se ha politizado mucho puesto que ha habido comunidades que lo han utilizado para hacer oposición. Nos preocupa fundamentalmente que se garantice en cualquier lugar de España la calidad del servicio porque tiene relación directa con la calidad en el empleo que se va a generar. Hay que hacer, por tanto, un esfuerzo supremo y, tal y como decía antes, aprovechar el debate sobre financiación autonómica. Creo que hay que vincular, aunque es un asunto muy polémico, y fraguar unos compromisos para que los servicios fundamentales: sanidad, enseñanza, empleo, etc, estén garantizados en todos los territorios. Y si para ello hay que aumentar la capacidad fiscal de las autonomías, se debe de aumentar aunque en la misma proporción que la corresponsabilidad fiscal.

– Los precios por las nubes. ¿Se ha perdido poder adquisitivo?

– Todos sabemos que existen factores exógenos que nos están afectando: petróleo  y subida de alimentos. En cuanto a los elementos domésticos, los endógenos, cualquiera que observe el comportamiento de los servicios se dará cuenta de que no ha bajado nunca del 3,5% de inflación. Es un sector no sometido a la competencia exterior sobre el que las Administraciones deberían actuar para darle más transparencia. Habría que analizar también la distribución y venta, eje esencial en la formación de precios y arrancar compromisos de las grandes empresas para su control. En este sentido lo que consideramos fundamental es que en ningún convenio colectivo falte la cláusula de revisión salarial. Nuestro modelo pactado con la patronal tiene la virtud de no jugar a favor de la espiral inflacionaria lo que impide que el trabajador sufra sus efectos. Debemos mantener una senda de mejora del poder adquisitivo de los salarios  con la tranquilidad de que no hay una conexión directa con la inflación.

– ¿Dos años de dificultades tal y como ha pronosticado Zapatero?

– Yo me apunto al pronóstico más optimista.  Es difícil aventurar su duración ya que el origen del colapso financiero está en EEUU. Se sabe cómo ha ocurrido, el origen, pero no se sabe cuáles van a ser las consecuencias, tal y como explican los expertos, lo que no significa que debamos de estar de brazos cruzados. Hay que adoptar políticas de relanzamiento como el aumento salarial ya que la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy notable, aunque los gobiernos no van por este camino.

Ana Sánchez Arjona