– Uno de los grandes retos para el desarrollo de los fondos de pensiones dentro de la Unión Europea es crear la posibilidad real de la venta de productos transfronterizos. Es decir, que en vez de que el mercado esté tan atomizado, se pueda mover libremente dentro de los 25 países que forman la Unión Europea. La directiva ya prevé esta posibilidad de actividad transfronteriza, pero hay que darle tiempo a su implantación en los principales mercados. Todavía no hay un impulso fuerte de estos productos porque, por ejemplo, en Italia se ha transpuesto en 2007 y aún está pendiente todo el desarrollo de legislación para hacerla operativa, y deben aclararse algunas cuestiones que fueron objeto de interpretaciones divergentes.

– ¿Las famosas normas de Solvencia II también afecta a los fondos de pensiones?

– Los requerimientos de solvencia que impone la nueva normativa de Solvencia II son muy exigentes. Hasta el 2012 hay un proceso de adecuación para las entidades aseguradoras que, en algunos ámbitos, quiere que se aplique a los fondos de pensiones; pero desde la EFRP hemos requerido que no sea así y la Comisión Europea, y en concreto el comisario Mc Greevy, accedió a tomarse más tiempo para su análisis antes de tomar una decisión.

– ¿Dónde está el peligro de aplicar las exigencias de riesgo de Solvencia II a los fondos de pensiones?

– Si se aplica tal y como están previstas para las entidades aseguradoras, habría que aumentar los recursos de capital de los fondos de pensiones en torno al 50% de media europea como consecuencia de los niveles de inversión en renta variable, o bien aumentar la inversión en renta fija en detrimento de la variable para disminuir los niveles de riesgo. Y esto es una barbaridad. Es motivo de una gran preocupación en países que como Reino Unido y Holanda están invirtiendo un alto porcentaje de sus fondos de pensiones en renta variable.

– ¿Estas exigencias se aplican a todos los fondos de pensiones o hay alguna manera de minimizar el impacto de exigencias de solvencia de la nueva normativa?

– Hay una figura fundamental que es la del promotor o empresa promotora del fondo de pensiones que debe tenerse en cuenta a efectos de los modelos de evaluación de riesgos previstos en Solvencia II. En los planes de prestación definida, el promotor realiza las aportaciones, por lo que aunque el beneficiario es el trabajador, la inversión corre a cuenta de la empresa, y es ésta la que asume el riesgo y amortigua por tanto el efecto de los mercados, lo que implica que los principios de solvencia establecidos para entidades aseguradoras, que sí asumen riesgo, no son aplicables los fondos de pensiones.

– Supongo que un tercer frente abierto para la federación europea de fondos de pensiones radica en ese secular caballo de batalla que es la Fiscalidad. ¿Cuáles son los frentes abiertos por la EFRP al respecto?

– Entre los objetivos de la Federación figura el integrarnos realmente en un mercado único, lo que conlleva armonizar la fiscalidad que planta barreras en cada país. Es verdad que se ha ido armonizando la fiscalidad de los distintos países porque las aportaciones ahora ya son deducibles en el impuesto de la renta. Hasta fechas muy recientes, los trabajadores desplazados a otros países de la UE no podían deducirse las aportaciones realizadas al plan de pensiones de su país de origen; pero conseguimos que la Comisión abriese procedimientos de incumplimiento por parte de los países miembro y el Tribunal de Luxemburgo dio la razón, y nueve países, entre otros España, tuvieron que modificar su legislación. Y ahora ya, sí se pueden deducir fiscalmente, en los países de acogida, las aportaciones realizadas a planes de pensiones en el país de origen.

– Esa fue una batalla ganada, pero ¿qué otras se están librando ahora en el terreno de la fiscalidad de los planes de pensiones?

– En la EFRP defendemos, por ejemplo, la posibilidad de movilizar tus derechos consolidados del país de origen, si te trasladas a otro. Es decir, que se transfieran los derechos del plan de pensiones. Esta petición tuvo una oposición fuerte en los gobiernos de Alemania y Holanda, que consiguió que se eliminara de la propuesta de Directiva sobre portabilidad. Adicionalmente, los fondos de pensiones que invierten en otros países están sujetos a retenciones fiscales, por los intereses y dividendos percibidos. Desde la Federación apoyamos a la Comisión para que los fondos de pensiones extranjeros tengan el mismo trato que los fondos de pensiones domésticos y se establezcan los mismos procedimientos de devolución o exención de las retenciones por pago de intereses y dividendos para todos los fondos.

– Además de defender a los fondistas, ¿en qué otras batallas están peleando desde el lobby europeo?

– Fuera de los fondos de pensiones, se está trabajando en estándares sobre los sistemas públicos de pensiones. Se están recogiendo y consolidando los datos aportados por cada país con el fin de poder analizarlos. En España, por ejemplo, el nivel de personas que aportan al sistema público de pensiones va a reducirse en un 25% en los próximos 30 años, lo que implica la necesidad de complementar los sistemas públicos con los privados. Afecta a la sostenibilidad de las finanzas públicas y de los sistemas de pensiones oficiales. El comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia, siempre insiste en ello.

– ¿Nuestro sistema público de pensiones difiere mucho del de los demás países de Unión Europea, sobre todo, de la Europa rica de los 15?

– España está en un modelo mixto, público y privado, similar a otros países europeos; pero con un peso mucho menor del sector privado que en otros países de la Unión Europea de cultura sajona o nórdica, como Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Finlandia.

– España es, gracias a la inmigración de los últimos años, un país joven o, al menos, rejuvenecido; pero ¿cómo ven el futuro de las pensiones en España?

– El envejecimiento de la población lleva a aumentar los costes de vivir más y vivir mejor. Antes, la esperanza de vida estaba en los 65 años y con ese horizonte de vida se hizo la actual ley de la Seguridad Social que se elaboró en 1967. Ahora, en cambio, la esperanza de vida está en los 83 años para las mujeres y en los 78 años para los hombres. Esto conlleva que hay que aumentar las aportaciones o disminuir las prestaciones. El resto de países de la OCDE, en mayor o menor intensidad, han optado por ajustar las prestaciones, ya que el aumento de las aportaciones implicaría una pérdida de competitividad para uss empresas. Nuestras tasas de sustitución -la proporción entre el último salario y la primera mensualidad de la jubilación- es de las más altas de Europa. En España se computan 35 años de aportaciones al sistema de pensiones, frente a los 37,5 años del sistema público francés, que llegan a los 40 años en el sistema privado. Y este problema es común a otros países, pero que ya lo han afrontado, como Italia, Portugal o Suecia. Todos vamos hacia un reequilibrio en el sistema de pensiones, entre la parte pública y privada, que se complementen. Como consecuencia del envejecimiento, todos los países dan cada vez más importancia al porcentaje que el sistema privado de pensiones debe representar respecto al público.

Salvador Molina